En el último cuarto del siglo XX, España ha pasado de la condición de receptora de ayuda oficial al desarrollo a la de donante. Durante ese mismo período se han producido importantes cambios en torno al concepto de desarrollo y a su articulación jurídica internacional. Fruto de dichas transformaciones, la consagración del derecho al desarrollo ha llevado aparejada una búsqueda de sus fundamentos y de los cauces que pueden dotarlo de efectividad plena. Uno de los obstáculos más frecuentemente invocados es la carga de la deuda externa que sufren los países en vías de desarrollo.