Una de las características del proceso de globalización que estamos viviendo es el progresivo desmantelamiento de las fronteras a la actividad económica. A la crisis de un Estado-nación que se ve desbordado por la creciente autonomía de la economía se une la incapacidad del Derecho para regular adecuadamente la gobernanza global. Estamos asistiendo a un proceso en el que el papel del Estado está llamado a sufrir una importante transformación pero, por otro lado, no se acaban de alumbrar espacios institucionales globales que tengan capacidad para hacer frente a dichos problemas.