Este informe denuncia las violaciones de derechos humanos que se cometen en las fronteras euroafricanas. Son responsables de estas violaciones los gobiernos de Malí y Mauritania, presionados económica, política y comercialmente por los gobiernos europeos. La investigación muestra cómo el gobierno español presiona a Mauritania para que gestione por su cuenta y desde la distancia los flujos migratorios que parten hacia Europa, sin preocuparse por los métodos empleados, convirtiéndole así en corresponsable de las condiciones inhumanas de expulsión, detención y rechazos colectivos en cascada.