En un contexto de conflicto crecientemente degradado, como ha sido el caso de Colombia, la población civil pone más víctimas fatales que los propios combatientes. Tristemente hay que reconocer que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados se han convertido en una de las tácticas de guerra, donde sobresale en estos años la responsabilidad de los grupos paramilitares. No es extraño, por tanto, que en tal contexto aquellos y aquellas que trabajan por defender los derechos humanos se conviertan en víctimas de la violencia. Lamentablemente, la acción estatal para proteger a estos activistas de derechos humanos ha sido limitada e insuficiente.