Múltiples factores impiden al Estado garantizar la vigencia de los derechos humanos de la población. Así sucede en el ámbito de la procuración y administración de justicia; del mismo modo, los derechos de quienes residen o de las personas migrantes que transitan por México son puestos en entredicho mediante la ejecución de inadecuadas políticas públicas en materia de seguridad o políticas de población y lo mismo acontece en relación con las dificultades para el acceso universal a servicios públicos eficientes y confiables, como la salud y la educación.