En el 2004 se han conmemorado distintas efemérides que evocan el camino recorrido en la defensa de las personas refugiadas desde la recuperación de la democracia, como por ejemplo: el 25 aniversario de la adhesión de España a la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Así como el 25 aniversario de la creación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), expresión del mandato constitucional de convertir a España en tierra de asilo. Pero estos hitos coincidieron con uno de los momentos más difíciles de la política de asilo gubernamental, que conculcó casi a diario las disposiciones constitucionales, de la Ley de Asilo y de la Convención de Ginebra. El anterior Gobierno actuó de manera consciente contra el derecho de asilo, en el marco de una Unión Europea obsesionada en blindar sus fronteras y recluir a los refugiados en centros de internamiento en terceros países. España es hoy, como muestra este Informe 2004 una tierra hostil a los refugiados; no es el lugar de acogida que el pueblo aprobó en el referéndum constitucional de 1978 o el que soñaron las personalidades y organizaciones que fundaron CEAR al calor de ese sentimiento en mayo de 1979.